Para comprender el ejercicio de la prostitución desde un punto de vista objetivo, habría que estudiar a los tres agentes activos que participan en su ejercicio: el proxeneta, la demanda en forma de ‘cliente’ y la propia prostituta. Esto es así tanto en cuanto la Unión Europea afirma que hay que abordar el triángulo del mercado de la trata, esto es, la víctima, el traficante y el cliente. No obstante, el tratamiento de la prostitución y del tráfico de personas centra siempre su foco de atención en la persona que la ejerce o en la persona traficada, o como mucho en los intermediarios si los hay dejando en el olvido a la otra parte del intercambio: el hombre, el ‘cliente’, que busca sus servicios y los compra.Sin embargo, hay prostitución porque hay demanda.Más allá de los proxenetas y de las prostitutas, los ‘clientes’ son los verdaderos culpables.

A pesar de esto, son las prostitutas las primeras castigadas. Si son traficadas se las deporta por lo que ya no hay testigo directo contra el traficante. Por su parte, los hombres son beneficiarios dobles: como controladores económicos y como clientes y, respecto a la demanda podría redundarse en la idea de que tiene que ver indiscutiblemente con el modelo hegemónico de masculinidad, con el concepto social de la sexualidad masculina y con la cosificación o conversión del cuerpo de la mujer como mero objeto de consumo.

El ‘cliente’ no distingue entre mujeres objeto de tráfico y mujeres no objeto de tráfico, por eso es importante hacer hincapié en la demanda. La prostitución y el tráfico son dos formas extremas de discriminación sexual y son el resultado de la impotencia de la mujer como clase social. La explotación sexual es más que un hecho aislado; es una forma de socialización y de coerción a través del abuso y la amenaza. La generalizada creencia masculina, y en cierta medida, también de algunas mujeres, de la prostitución, reside en pensar que se trata de una vida ‘alegre para las mujeres’, de un mal necesario para los hombres entendido como la necesidad de desahogar unos impulsos, de una opción laboral, de una expresión erótica, de una diversión o de un entretenimiento para los hombres. Incluso puede ser una forma de iniciarse en las relaciones sexuales o una manera de recibir educación sexual. Finalmente se dice que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, para vestirla de un halo de solera y tradición, de irremediable existencia y es el cliente anónimo el que parece tener derecho al respeto y a no correr riesgo disfrutando de dos grandes privilegios: la impunidad y el anonimato. Para Enric Royo, el vocal de Derechos Humanos de Médicos del Mundo, las motivaciones del cliente podrían ser, entre otras, “la importancia de la construcción social de la sexualidad masculina, el proceso de socialización a través de la pornografía, o la castración de la sexualidad de la mujer, enfocada principalmente a la reproducción”.Por lo tanto, la prostitución no existiría de no haber una importante demanda de comercio sexual, mayoritariamente por parte de los hombres, que pueden comprar los servicios sexuales de una mujer por unos 30 euros como media.

Así y todo, las prostitutas están estigmatizadas y marginadas socialmente.Pía Boëthius explica que, en prácticamente todos los países y en todos los idiomas, la palabra ‘puta’ es el más peyorativo de los insultos; “una palabra que define lo más despreciable y ofensivo que se puede decir de una mujer, una descripción del paria más absoluto de la sociedad”. Las prostitutas son, además, vulnerables a la violencia física, lo primero porque son mujeres, con menos poder económico y social que los hombres y, lo segundo, porque están criminalizadas y tachadas de inmorales por la ley. Para el colectivo ingles de prostitutas, los ataques a las ‘trabajadoras sexuales’ son más comunes no porque la prostitución sea un ‘trabajo’ intrínsicamente violento sino porque los hombres violentos saben que es más fácil agredir físicamente a una mujer si ésta es prostituta. Ellas afirman que son los hombres violentos, y nos sus víctimas, las que deben ser arrestados. Sin embargo, hay resistencia por parte de algunos jueces en los pocos juicios que llegan a tramitarse por violación, lesiones o abusos a una persona prostituida, a considerar que ha habido violación ya que entienden que la prostituta no elige sino que acepta clientes y eso es del domino público, “si luego le resultó agresivo…ella ya sabía a lo que se exponía”.

Ahora, según expone Janice Raymond en una guía del nuevo protocolo editada por la Comunidad de Madrid, las personas prostituidas y traficadas ya nunca serán vistas en España como delincuentes sino como víctimas de un delito.

También la Unión Europea subraya que conviene ante todo desalentar explícitamente la demanda mediante medidas de orden educativo, jurídico, social y cultural porque uno de los principales factores que permite la trata internacional de mujeres y niños es la existencia de mercados locales de prostitución en los que determinadas personas pueden y desean vender y comprar mujeres y niños para explotarlos sexualmente y “considerando que los traficantes de seres humanos envían a mujeres y niños fundamentalmente de países del Sur hacia países del Norte y del Este hacia el Oeste, en definitiva, allí donde la demanda de los compradores es más importante”, en el artículo 45 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual, la UE subraya que las personas sometidas a explotación sexual deben considerarse siempre como víctimas, y no como delincuentes.

La ley sueca considera ‘demanda’ a los hombres que abusan de la mujer en el ejercicio de la prostitución y es que el cliente, el prostituidor, es el principal responsable de la misma porque con su compra permite que haya mujeres que se puedan vender y contribuye a generar relaciones sexuales de dominación. Tanto el cliente como el proxeneta, en muchos casos, dan por supuesto que la disponibilidad de la mujer es absoluta y su poder sobre ellas también y los datos son escalofriantes en Europa. En Suecia, uno de cada ocho hombres (o el 12’5%) utiliza a mujeres y a niños prostituidos, según declaraciones del Ministro de Industria en el año 2003. Más al sur, en una conferencia sobre la legalización de la prostitución, en Alba, Italia, se expuso que uno de cada seis hombres (casi el 17%) acuden a prostitutas y en Alemania, el 18% de los hombres pagan regularmente por sexo. Por último, un estudio realizado en el Reino Unido en 1997 estimaba que el 10% de los hombres londinenses compra mujeres en el mercado de la prostitución. El perfil del ‘cliente’ es de un varón de unos 35 años, vestido de sport y que se desplaza en un utilitario de precio medio, lugar en el que realiza el contacto sexual, durante unos 5 minutos. Esta información fue obtenida a través de un trabajo de campo llamado ‘Una aproximación al perfil del cliente de prostitución femenina en la Comunidad de Madrid’ realizado en 2003 y financiado por la Dirección General de la Mujer. Los investigadores acudieron dos noches a la semana durante un mes en la Casa de Campo de Madrid.

La prostituta y el cliente suelen tener un intermediario que es quien explota directamente a las mujeres lucrándose con una parte de ese dinero sucio que es obtenido gracias al esfuerzo y a la humillación de la mujer prostituida. Ese intermediario recibe el nombre de proxeneta y es el único elemento del ejercicio prostitutivo penado por la ley en España. Según el primer apartado del artículo 188 del Código Penal español, modificado el 29 de septiembre de 2003 por la Ley Orgánica 11/2003, “el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercerla prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses” . A pesar de su culpabilidad, o quizás como consecuencia directa de la misma, son los propios proxenetas los que abogan más acérrimamente por la legalización o regularización de la prostitución en nuestro país. Sobre todo, aquellos que poseen negocios del sexo tales como burdeles o casas de citas y que se llaman a sí mismos ‘empresarios del sexo’. De hecho, algunos de los propietarios de los burdeles más grandes de España están constituidos como asociación compuesta por 80 miembros que se hace llamar ANELA. Además hay casi 120 clubes más que aspiran a ser socios a pesar de que tienen que pagar 2500 euros en concepto de inscripción así como 625 euros más al mes. El principal motivo es la placa de ‘calidad’ que se da a los socios y que se supone sinónimo de higiene y de regularidad en todas y cada una de las prostitutas. No obstante, ¿quién controla la higiene de los ‘clientes’? ¿Es que no importa si una mujer prostituida es contagiada de una enfermedad? Parece ser que no ya que en el año 2002 la Generalitat de Catalunya planteó un decreto para regular los burdeles catalanes. Éstos mueven al año aproximadamente 180 millones de euros y parece ser que mientras se construyan fuera de zonas frecuentadas por menores y respeten un horario determinado no constituyen un problema por lo que pueden estar regularizados. También se exige un vigilante de seguridad como mínimo y un seguro de responsabilidad civil. No obstante, ¿cuál era el objetivo de la Generalitat con este proyecto? ¿Era acaso proteger los derechos de las mujeres prostituidas o era más bien beneficiarse de los ingresos de los burdeles catalanes?